CNTE mantiene conflicto abierto pese a menor presión mediática
El conflicto entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, perdió centralidad mediática después de las protestas de junio, pero no está resuelto. Las demandas principales del magisterio siguen sobre la mesa: cambios a la Ley del ISSSTE de 2007, aumentos salariales y revisión de reformas educativas.
La CNTE ha mantenido como eje la exigencia de derogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó el sistema de pensiones de los trabajadores de la educación. También ha reclamado mejoras salariales y cambios al modelo educativo y laboral aplicado en los últimos años.
El gobierno federal ha buscado contener el conflicto mediante mesas de diálogo. La SEP informó que la mesa con la CNTE es permanente y cuenta con mandato presidencial, además de reiterar el llamado a mantener la negociación institucional.
Sin embargo, el margen de respuesta parece limitado. Las autoridades han planteado rutas graduales para fortalecer el sistema de pensiones, pero reconocieron que no existen condiciones para abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales exigencias de la Coordinadora.
En materia educativa, el gobierno ha ofrecido avanzar en la desaparición de la USICAMM y sustituirla por un nuevo mecanismo de ingreso, promoción y reconocimiento docente. Esa propuesta atiende una parte del reclamo magisterial, pero no resuelve el fondo del conflicto laboral y pensionario.
Tampoco está cerrado el expediente político y de derechos humanos por el uso de la fuerza durante las manifestaciones. El caso más delicado es el del profesor indígena Proceso Columbo González, de Guerrero, quien resultó herido el 1 de junio durante una protesta de la CNTE en la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes periodísticos, Columbo González perdió la visión tras ser impactado por un proyectil durante la manifestación. El caso elevó el costo político del conflicto porque colocó la actuación policial en el centro de la discusión pública.
El conflicto, por ahora, está contenido, no resuelto. La reducción de bloqueos, marchas o plantones no equivale a un acuerdo de fondo, sino a una pausa relativa en un expediente que puede reactivarse si las mesas no producen resultados concretos.
La estrategia del gobierno parece orientada a administrar el desacuerdo: mantener canales de diálogo, ofrecer salidas parciales y evitar compromisos presupuestarios de largo plazo que presionen aún más las finanzas públicas.
El riesgo político es que la CNTE vuelva a escalar sus protestas si percibe que las mesas sólo sirven para prolongar la negociación. La Coordinadora conserva capacidad de movilización en estados clave y puede colocar nuevamente el conflicto magisterial en la agenda nacional.
La lectura política es clara: el gobierno logró bajar la intensidad mediática del conflicto, pero no desactivó sus causas. Mientras pensiones, salarios y reglas laborales sigan sin solución integral, la CNTE seguirá siendo un frente latente para la administración federal.